La Contraloría Social tiene su sustento en la primacía de los derechos constitucionales a la información, de petición y de participación de diversos sectores de la sociedad en la planeación democrática del desarrollo nacional, consagrados en la Constitución, en sus artículos 6°, 8° y 26°.

 

• Ley General de Desarrollo Social

 

• Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social

 

• Acuerdo de la Secretaria de la Función Pública por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social

 

 

 

Objetivos que  persigue  según lo previsto en  Sistema Integral de Contraloría Social, de la Secretaría de la Función Pública.

Promover que se proporcione a la población información completa, oportuna, confiable y accesible respecto a los programas, acciones y servicios, sus objetivos, normas y procedimientos de operación.

 

Impulsar actitudes de corresponsabilidad gobierno-ciudadanía, invitando a los miembros de la comunidad a la reflexión colectiva acerca de los problemas de desarrollo social de su localidad, barrio, colonia, municipio o estado y a proponer soluciones para el mejoramiento de sus condiciones de vida.  

 

Contribuir al fortalecimiento de los procesos de autogestión de la población.  

 

Contribuir al cumplimiento cabal de los programas de gobierno.  

 

Contribuir a garantizar que la elección de los representantes comunitarios para el funcionamiento de los programas sociales se realice democráticamente.  

 

Impulsar que la actuación de los servidores públicos y de la ciudadanía se apegue a valores éticos y cívicos propios de toda democracia.  

 

Promover que los miembros de la comunidad participen activamente en los procesos de planeación, establecimiento de prioridades, sistematización, realización, control, vigilancia, supervisión y evaluación de acciones, programas y proyectos.  

 

Fortalecer el control institucional por medio de contralores sociales que desarrollen funciones de vigilancia y supervisión de recursos.  

 

Incorporar a la ciudadanía en el combate a la corrupción.

 

Impulsar la comunicación del gobierno con los ciudadanos.  

 

Fomentar los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana para fortalecer la democracia a la que aspiramos.  

 

Contribuir a elevar la confianza y credibilidad mutua entre el gobierno y los ciudadanos.